Proponen prisión para el que contrate servicios sexuales

El proyecto fue presentado por la senadora Ana Corradi de Beltrán. La iniciativa consiste en modificar el Artículo 130 del Código Penal referido a “Delitos contra la integridad sexual”.

Recientemente la senadora Ana Corradi de Beltrán, presentó un proyecto de ley a través del cual solicita una modificación del Artículo 130 del Código Penal referido a “Delitos contra la Integridad Sexual”. Concretamente la legisladora pide que se reprima con prisión a aquel que contrate los servicios sexuales, “de quienes se hallaran en las condiciones descriptas en el mencionado artículo”.

En diálogo con La Banda Diario la contadora Corradi comentó, “de realizarse la modificación el Artículo 130 del Código Penal quedará redactado de la siguiente manera: Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, el que sustrajere o retuviere a una persona por medio de la fuerza, intimidación o fraude, con la intención de menoscabar su integridad sexual; la pena será de seis meses a dos años, si se tratare de una persona menor de dieciséis años, con su consentimiento; la pena será de dos a seis años si se sustrajere o retuviere mediante fuerza, intimidación o fraude a una persona menor de trece años, con el mismo fin. Asimismo, será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que contratare los servicios sexuales de quienes se hallaren en las condiciones descriptas en el presente artículo”.

Seguidamente la legisladora manifestó, “la trata de mujeres, niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual es una de las nuevas formas sociales de esclavitud. Cada uno de ellos y sobre todo los niños menores de 18 años, tiene derecho a que se respeten y cumplan sus derechos. Es responsabilidad del Estado, de la comunidad toda y de las familias velar y lograr su efectivo cumplimiento y luchar contra el delito de la trata para su prevención, persecución y sanción”.

Explotación sexual

Por otra parte puntualizó, “en la trata de personas con fines de explotación sexual la esclavitud se advierte por la pérdida de la libertad, la dignidad y la identidad de una persona; porque se ven imposibilitados en el ejercicio de sus derechos; porque quedan sometidos a actividades de servidumbre, trabajo forzado, etc, porque viven bajo amenaza y porque son sometidos a condiciones de vida infrahumana (falta de alimentación, deficientes condiciones de salud, condiciones habitacionales denigrantes, etc.).

Corradi sostuvo, ”para la comprensión de esta problemática social es necesario tener presente los factores que hacen vulnerables a las víctimas de trata. Entre ellas encontramos al escaso conocimiento del tema, generando poca sensibilización y actividades discriminatorias. La tolerancia social que genera consentimiento de estas prácticas produciendo cómplices de delito y la cadena de impunidad. La influencia de los medios de comunicación que refleja a la mujer como objeto sexual reproduciendo los patrones de dominación masculina. La inequidad hacia mujeres y niñas traducida en desigualdad legal y social es un caldo de cultivo para los tratantes. Falta de alternativas de oportunidades de inserción laboral y social. La pobreza y la vulnerabilidad que ello genera. La posibilidad de engañarlos con incentivos falsos. La insuficiencia de control y denuncias adecuadas”.

“Todo ello genera el caldo de cultivo en el cual nace, crece y se fortalece este delito penal de índole internacional con ganancia económica que lo ubican en el tercer puesto de actividades delictiva internacional que más recauda en el mundo, luego del tráfico de armas y el de droga”, añadió.

La senadora manfiestó que “las víctimas de trata son vistas como mercancías y objetos para los tratantes. Pero también la figura del cliente o usuario es de gran importancia, ya que es quien fomenta el círculo de explotación: “Sin clientes no hay prostitución y sin demanda no hay oferta”.

Cómplice

En otro orden de cosa explicó que “la sociedad aparece en un lugar de cómplice que tolera estas situaciones, permitiendo que la figura del denominado cliente o usuario quede invisibilizada, perpetuando así estas formas de explotación. De este modo, la atención recae en la víctima, estigmatizándolo, perdiendo oportunidad de perseguir a los tratantes”.

“Por todo ello el presente proyecto de ley propone sancionar penalmente al sujeto consumidor de personas en condiciones de explotación sexual. Quedará a criterio del cliente o usuario averiguar las condiciones en las que se desempaña la actividad de prostitución que consume. No podrá alegar desconocimiento de la situación de explotación de las víctimas ya que la presente norma apela al compromiso y responsabilidad social para combatir este delito de lesa humanidad”, concluyó la legisladora Ana Corradi de Beltrán.